El Gobierno de España ha ordenado a Airbnb retirar aproximadamente 65.935 anuncios de viviendas turísticas que incumplen la normativa vigente. Esta medida, respaldada por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, responde a la detección de múltiples irregularidades en los anuncios publicados en la plataforma.

¿Qué irregularidades se han identificado?

Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las principales infracciones detectadas en los anuncios incluyen:

• Ausencia del número de licencia o registro turístico obligatorio.

• Falta de claridad sobre si el arrendador es un particular o una empresa.

• Uso de licencias falsas o no expedidas por las autoridades competentes.

Estas prácticas contravienen las normativas autonómicas y pueden inducir a error a los consumidores. 

¿Qué regiones están afectadas?

Las comunidades autónomas con mayor número de anuncios afectados son:

• Andalucía

• Comunidad de Madrid

• Cataluña

• Comunidad Valenciana

• Islas Baleares

• País Vasco

En particular, Madrid cuenta con más de 16.300 pisos turísticos, de los cuales aproximadamente 15.200 se consideran ilegales. 

¿Cuál ha sido la respuesta de Airbnb?

Airbnb ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que el Ministerio de Consumo ha utilizado una metodología indiscriminada que incluye anuncios que no requieren licencia. La plataforma sostiene que actúa como intermediario y no como proveedor de servicios inmobiliarios, por lo que no está obligada a supervisar los contenidos publicados por los usuarios. 

¿Qué medidas adicionales se están tomando?

Además de la retirada de anuncios, el Ministerio de Consumo ha iniciado expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos que simulan ser particulares para evitar obligaciones legales. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para regular el mercado de alquiler turístico y garantizar una mayor transparencia. 

¿Qué implicaciones tiene esta medida?

Esta intervención se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la crisis de vivienda en España y el impacto del alquiler turístico en el acceso a viviendas asequibles. Ciudades como Barcelona ya han anunciado planes para eliminar todos los apartamentos turísticos con licencia para 2028, con el objetivo de proteger la disponibilidad de viviendas para residentes permanentes. 

La medida también refleja una tendencia hacia una regulación más estricta del alquiler turístico en España, buscando equilibrar el desarrollo del turismo con el derecho a una vivienda digna para los ciudadanos.

Según los datos disponibles en Airbnb, actualmente se anuncian:

• Ontinyent: 60 alojamientos vacacionales, incluyendo casas rurales, apartamentos y chalets. 

• Xàtiva: 70 alojamientos vacacionales, que abarcan desde apartamentos hasta casas completas. 

Es importante destacar que estas cifras corresponden a los anuncios activos en la plataforma y no necesariamente reflejan el número total de viviendas turísticas legales en cada localidad. Para operar legalmente, es necesario contar con una licencia turística otorgada por el Ayuntamiento correspondiente. En el caso de Xàtiva, el proceso implica presentar una solicitud ante el Departamento de Turismo del Ayuntamiento, adjuntando la documentación requerida, como el certificado de idoneidad del inmueble y el seguro de responsabilidad civil. Posteriormente, se realiza una inspección del alojamiento para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Una vez superada esta inspección y abonadas las tasas correspondientes, se otorga la Licencia Turística. 

Dado que el Ministerio de Consumo ha ordenado a Airbnb retirar más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos por incumplir la normativa vigente, es posible que algunos de los anuncios en Ontinyent y Xàtiva se vean afectados si no cumplen con los requisitos legales.